La salud es un derecho. No puede seguir siendo un negocio de las EPS

CUT  05 ABRIL 2020 /PACOCOL.ORG

Ante la llegada del coronavirus a Colombia, se puso al desnudo el desastre en que quedó convertido el sistema de salud por la razón de aplicar el precepto neoliberal de convertir la salud pública en un negocio para los grandes empresarios privados del sector, a costa del derecho de millones de personas.

Desde la aprobación de la nefasta Ley 100 de 1993, que creó la intermediación del sistema público de salud a través de las EPS, comenzó el florecimiento de los jugosos negocios, de los traficantes de la salud, con los dineros salidos del presupuesto nacional y el marchitamiento del sistema de salud público que sumió al país en la mayor precariedad con el cierre de hospitales completos, o su suspensión por la falta de recursos económicos.

De los 1.800 hospitales y clínicas, solo el 2% se encuentran con registro de calidad, 930 se encuentran al borde de la quiebra, pues las EPS, el gobierno y las entidades territoriales les adeudan 21 billones de pesos.

Por su parte los trabajadores de la salud, profesionales y administrativos, padecen del mayor abuso laboral colectivo, pues la inmensa mayoría son contratados por prestación de servicios con lo que eluden la carga prestacional y la vinculación directa.

No cuentan con los suministros básicos de dotación y de bioseguridad mínimo para el desempeño de sus labores y para completar la grave situación, se tienen deudas de salario que llegan en algunos casos hasta 12 meses.

En ese marco desalentador, el país enfrenta la peor pandemia que azota a la humanidad, el coronavirus (Covid-19) que hoy ha infectado en el mundo a más de 1 millón de personas, con un saldo trágico de más de 57 mil muertos.

Colombia se encuentra en pleno desarrollo del contagio, con decisiones gubernamentales tardías, sin mecanismos de detección confiables, con un sistema de salud acabado a causa de la implementación de este modelo que convirtió el derecho fundamental de la salud en una mercancía; los recursos económicos manejados por empresas, EPS, que buscan el lucro económico antes que la salud humana.

De entrada, el gobierno de Iván Duque ha sido incapaz de trazar una política pública certera qué en primera instancia, logrará con controles severos impedir el ingreso del Covid-19 con un manejo sanitario y confinamiento adecuado de las personas provenientes del extranjero.

A renglón seguido, sabiendo el estado deplorable del sistema de salud y la incapacidad de los negociantes de la salud de ofrecer una prevención, contención y mitigación de la pandemia, que ya circula libremente por el país, el gobierno se ha demorado o no ha tomado las medidas sanitarias, económicas, sociales y políticas correspondiente a la gravedad de la situación.

El cuadro no puede ser más aterrador, se cuenta con 5354 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) lo que significa que ningún departamento cuenta con más de 2 camas por cada 10 mil habitantes, incluso 5 departamentos que no cuentan con ninguna UCI.

La escasez de infraestructura hospitalaria, poquísimas unidades de cuidados intensivos, falta de respiradores mecánicos indispensables para esta crisis y ausencia de elementos básicos de protección para el personal médico y paramédico, a pesar de lo cual, el gobierno nacional no ha adoptado medidas de choque con la que se pueda enfrentar de mejor forma esta crisis; además a esto le sumamos billonarias deudas con los hospitales públicos, retraso en el pago de salarios y prestaciones por más de un año en muchas entidades de salud públicas y privadas, cantidad insuficiente de médicos generales y especialistas, laboratorios clínicos obsoletos, escasos o nulos aparatos detectores del Covid-19, laboratorios con pocos y obsoletos aparatos de estudio de las pruebas, fallas en la cadena de custodia de las mismas, en fin, un desastre total del sistema de salud privatizado y fuente de ganancias para los pulpos privatizadores.

La CUT reitera su exigencia al presidente Duque de acabar de una vez por todas la tercerización laboral y los bajos salarios en el sector salud tanto público como privado, que pasemos de los aplausos y reconocimientos de labios para afuera, a un real y efectivo reconocimiento social y laboral, que reivindique a todo el sector laborioso de la salud y los libere de las penurias y padecimientos, que cancele sus salarios, mejore sus sueldos, los vincule laboralmente, y los dote con los elementos de bioseguridad necesarios que les permita desarrollar sus labores sin el temor a infectarse, cumpliendo de esta manera con todos sus derechos.

El gobierno debe inyectar dineros públicos para garantizar que el sistema de salud sea un derecho universal de todos los colombianos, a los hospitales asegurarles su funcionamiento vía entidades territoriales, sin la intermediación bancaria, asumiendo en la crisis el manejo de las clínicas privadas, mientras se supera la calamidad, como lo han hecho varios países del mundo; los recursos deben ser suficientes para el avance de la investigación científica y tecnológica de la medicina, sin lo cual será imposible superar esta tragedia y avanzar en la protección de la vida humana.

La CUT llama a que el Estado asuma el control de la prestación del servicio público de la salud eliminando la intermediación de las EPS, acabando con el negocio y restaurando la salud como Derecho de los colombianos, fortaleciendo y equipando la red pública hospitalaria y devolviéndole a los trabajadores de la salud todos los derechos conculcados, colocando a estos servidores en el sitial que deben tener en la sociedad colombiana.

Esta debe ser la principal acción y conclusión a ejecutarse de inmediato, una vez tengamos el control de la crisis del coronavirus, acabando de hecho con la pandemia de la privatización de la salud.

Bogotá, 4 de abril de 2020

José Diógenes Orjuela García
Presidente
Edgar Mojica Vanegas
Secretario General
Jorge Cortés Navarrete
Primer Vicepresidente
Luis Eduardo Varela
Dtor Dpto de Salud y S.S.
Elías Fonseca Cortina
Dtor Dpto de Comunicaciones

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